La UCE ve en este descenso de la alcoholemia permitida principalmente una fórmula para aliviar gastos a las compañías aseguradoras, que tienen que hacer frente cada año a un capítulo creciente de costes por siniestralidad en el tráfico. Si se consumara la rebaja al 0,5/0,3, argumenta la UCE, entre u 5 por ciento y un 10% de los conductores españoles pasarían automáticamente a la ilegalidad, al conducir habitualmente con tasas de alcohol situadas entre el 0,5 y el 0,8.

Eso supondría, por un lado, que en caso de accidente esos ciudadanos incurrirían en delito, y por otro, que al superar el límite legal de alcoholemia las aseguradoras se lavarían las manos, pasando el coste de las indemnizaciones al infractor.

Rafael Urrialde argumenta que, contrariamente a lo que defienden los demás components del grupo de trabajo de Tráfico, la medida no tendrá efectos disuasorios para los conductores. La Administración cree que así los conductores rebajarán automáticamente la ingesta de alcohol y en lugar de alcanzar 1,5 ó 2 gramos de alcohol en cada litro de sangre, serán 0,8 ó 1,2, por ejemplo.

La UCE está de acuerdo en que se quiera prevenir el consumo de alcohol, pero no en que se tome esta medida. "Que se tomen otras muchas medidas. Si sólo van a tomar la medida que criminalizar a los ciudadanos, amí me parece absurdo", dijo.

Además, un grado de alcohol en sangre entre 0,5 y 0,8 gramos por litro no afecta necesariamente a las facultades del conductor, sino que depende de la persona. Un conductor con 0,6 puede estar en plenas facultades y otro con el mismo nivel puede tenerlas disminuidas.