Para el RACE, la aprobación de esta medida "supone una indefensión evidente para el conductor, puesto que le plantea una inseguridad jurídica ante la capacidad subjetiva de una agente de la autoridad, en el momento de denunciar una infracción y, posteriormente, retirar, de manera cautelar, el permiso de conducir".

A juicio del RACE,"la forma en la que se ha planteado la reforma de la Ley de Seguridad Vial, a través de la Ley de Acompañamiento de Presupuestos para el 2004, no es la vía más adecuada para introducir medidas de este calado. El mismo consenso que hubo para la aprobación de esta norma legal, en opinión del RACE, debería haberse producido para modificaciones posteriores".

En cuanto al fondo de la propuesta, el RACE exige que se mantengan las competencias hasta ahora determinadas para estos casos, adscritas a los máximo responsables de tráfico provinciales, y no se concentren en agentes de la autoridad las facultades de control, sanción y retención de los permisos de conducir de los supuestos infractores.

En este sentido, el RACE pide a la Administración una mayor información sobre los supuestos reales en los que esta medida se aplicará, así como en los procedimientos y plazos de defensa que el conductor vaya a tener a su disposición.