El nuevo reglamento se fundamenta en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que data de 1995, y que preveíauna regulación especial para las administraciones públicas.

El objetivo del reglamento es regular el procedimiento que permita adoptar las medidas oportunas para corregir las infracciones detectadas, puesto que la imposición de sanciones económicas, "en este ámbito, carece de sentido".

La nueva normativa es de apliación en los órganos centrales y territoriales de la Administración, los organismos autónomos y demás entes dependientes de la misma y afecta a todo el personal empleado en sus centros,salvo el caso de los militares, que disponen de normativa específica.

El reglamento contempla el supuesto de paralización de la actividad en los casos en que el inspector compruebe la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud del personal inspeccionado.