Así lo trasladaron fuentes del departamento dirigido por Yolanda Díaz, después de que este jueves la Junta General de Accionistas aprobara la decisión de trasladar la sede social de la empresa a Países Bajos, después de semanas de una fuerte polémica con el Gobierno de Pedro Sánchez.

“La valoración no puede ser más negativa”, lamentaron las fuentes del Ministerio de Trabajo, que explicaron que en este tipo de situaciones se deberían articular instrumentos legales para que las compañías tuvieran que devolver las ayudas públicas que hayan percibido en el ejercicio de su actividad.

No en vano, estas fuentes recordaron que en lo que a las competencias de Trabajo se refiere, la reforma de los incentivos al empleo avanzan en este sentido y establecen que en el futuro, cuando se den este tipo de situaciones, las empresas deberán devolver estas cuantías.

Para el Ministerio, la actitud de Ferrovial ha sido “egoísta” y de “absoluta falta de corresponsabilidad” con su país, además de demostrar una carencia de “sensibilidad” con España, que le ha dado “oportunidades máximas” para crecer.