“El Gobierno español no tiene ninguna posibilidad de situarse al margen del cumplimiento de sus obligaciones internacionales, lo que constituiría casi un disparate constitucional”, sostuvo Pérez Rey en la rueda de prensa mensual de presentación de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social.

En este sentido, recordó que el acuerdo de Gobierno expresamente “prevé alteraciones en nuestro sistema de despido”, lo que pasa por “la modificación de las causas” y, por otro lado, para dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité Europeo, que ya cuando se inició la legislatura se esperaban para más adelante.

Sobre las motivaciones para romper una relación laboral, el secretario de Estado resaltó que las reformas anteriores de despido “han debilitado de manera muy intensa las causas necesarias para extinguir un contrato de trabajo”. “Algunas causas son evanescentes, no se sabe bien en qué consisten cuando alguien habla de causas productivas o de pérdidas previstas”, advirtió.

Cabe recordar que UGT presentó una demanda colectiva contra el Estado español por el “bajo” coste del despido en España, alegando que no protege a los empleados y que no es disuasivo para las empresas. En líneas generales, el Comité ha dado la razón a UGT en un pronunciamiento que se hizo público íntegramente a finales de julio.

DECISIÓN ESPERABLE

Para Pérez Rey, la decisión de este Comité era “muy esperable”, ya que había “indicios de que se iba a producir en esta línea, porque ya lo había hecho con Italia, lo había hecho con Francia o lo había hecho con algunos otros países”.

“Y es claro que es una resolución que exige un modelo de despido diferente del actual, un despido que tenga en cuenta la necesidad de reparar adecuadamente los daños que sufren los trabajadores y que son injustamente despedidos”, razonó.

En su opinión, se habla de trabajadores “a los que se les priva caprichosamente de su puesto de trabajo y por lo tanto se les genera un daño que tiene que ser reparado “ como sucede en cualquier otro ámbito.

Asimismo, explicó que el despido tiene que ser disuasorio, pues “no puede ser que las empresas jueguen con el despido como una política de personal más”.

Yo creo que esto es lo que nos dice el Comité Europeo de Derechos Sociales; y no nos lo dice cualquier órgano, sino el que interpreta un tratado internacional ratificado por España y que por tanto tenemos que cumplir expresamente”, zanjó el ‘número dos’ de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo.