Los 300.000 millones de pesetas se repartirán entre los parados de toda España, según dos criterios de distribución: l 60 por ciento del dinero se dedicará a fomentar el empleo entre quienes ya tienen cobertura por desempleo, y el 40 por ciento restante entre los demandantes de trabajo que no cobran esas ayudas.

Este sistema modifica el aplicado hasta la fecha, en el que los fondos eran destinados únicamente a fomentar el empleo entre quienes cobraban el paro.

En este sentido, Andalucía propugnaba que este reparto se otorgara por partes iguales a todos los parados, independientemente de su situación, iniciativaque sólo contó con el apoyo de la delegación extremeña.

Al término de la negociación, el consejero andaluz, Guillermo Gutiérrez, acusó al Gobierno de acceder a las imposiciones de Cataluña a la hora de repartir los fondos.

Por el contrario, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, calificó de "francamente bueno" el acuerdo, del que dijo que garantiza que ninguna comunidad autónoma recibirá menos fondos que el año pasado.

En contra del criterio de la Junta de Andalucía, Pimntel aseguró que esta comunidad es la más beneficiada y la que más asignación económica se lleva, y recordó que el dinero "ha salido de alguien para dárselo a Andalucía".

Por su parte, el resto de los consejeros se mostraron satisfechos con el acuerdo. Así lo manifestó a Servimedia el consejero extremeño, Victorino Mayoral; y el catalán, Ignasi Farreres, quien mostró especial satisfacción por el reparto de fondos, si bien rechazó cuantificar la parte que se lleva Cataluña.

Sabin Intxaurraga, máxio responsable de Trabajo del Gobierno vasco, celebró también el acuerdo, aunque aprovechó para recordar que Euskadi está pendiente de transferencias que el Gobierno central le deniega. Recordó que a su comunidad le perjudica también el nuevo sistema de reparto ante el incremento de los vascos que no recurren al Inem y sí al Servicio de Empleo del Gobierno vasco.

Anunció que la próxima semana iniciará conversaciones con los responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para avanzar en las ransferencias que, a su juicio, están actualmente en un punto de "enquistamiento".

Por otra parte, en la Conferencia Sectorial se hizo público un informe sobre el futuro Servicio Público de Empleo (que sustituirá al Inem), sobre el que se seguirá avanzando, ya que se trata de un proyecto que el Gobierno quiere convertir en ley en la próxima legislatura, según reconoció Pimentel.

Finalmente, se realizó una declaración de intenciones sobre unificación de criterios en cuestiones de seguridad y saludlaboral, ante los alarmantes datos de siniestrabilidad. En este sentido, la delegación vasca introdujo una propuesta para que la inspección de trabajo controle más la realización de horas extras.