Así lo explicó hoy e ministro Manuel Pimentel en la sede del Consejo Económico y Social (CES), organismo al que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha solicitado un informe sobre las posibilidades y los problemas de aplicación de la movilidad geográfica entre los parados.

Según el ministro, el "moderno" e "importantísimo" proyecto de trasladar desempleados a las zonas donde hace falta mano de obra precisa de la cooperación y el consenso de los agentes sociales, por lo que se recurre al CES antes de iniciar cualquer actuación.

De acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), hay 9 provincias españolas que tienen un índice de paro masculino inferior al 10 por ciento, incluso mejor que la media europea. Entre estas provincias están Castellón, La Rioja, Navarra, Huesca, Girona, Lleida y Teruel.

Por contra, existen otras provincias que se acercan a la cifra del 30 por ciento de paro, como es el caso de Badajoz, Cáceres, Córdoba, Málaga y Sevilla, con el caso excepcional de Cádiz, con n 34,35 por ciento de desempleo.

"No se pueden perder oportunidades de empleo en determinadas zonas de España", insistió Pimentel, quien puntualizó que este nuevo sistema empezará por dar información de todas las ofertas de empleo existentes en nuestro país a todos los parados, con una especial potenciación del nuevo Sistema Público de Empleo (SPE), futuro sustituto del Inem.

El proyecto prevé también estudiar el desarrollo de otros ámbitos necesarios para la aplicación de la movilidad, tales com las infraestructuras, el transporte, la vivienda, la fiscalidad, la educación, la sanidad y los servicios sociales.

CUANTO ANTES

Sobre la aplicación de esta medida, el ministro aseguró que será "cuanto antes", si bien el informe que debe elaborar el CES tardará aún unos meses.

No obstante, fuentes ministeriales informaron a Servimedia de que la pretensión del Ejecutivo es iniciar la actividad con dos o tres provincias y, en un primer momento, ceñirla al sector agrícola, el que más urgencia tiee de mano de obra en determinadas provincias y campañas de recolección.

Trabajo elaborará un mapa con los lugares en los que se necesita más mano de obra y se limitará a tutelar cómo los empresarios afectados y los sindicatos se ponen de acuerdo para movilizar trabajadores hacia donde se requiere mano de obra.