Las centrales formularon esta denuncia tras la reunión de ocho horas que mantuvó ayer el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, con una delegación de UGT encabezada por su secretario de Acción Sindical, Apolinar Roríguez, y otra de CCOO dirigida por su secretaria de Empleo, Salce Elvira.

Ambas centrales reclamaron el cumplimiento de los acuerdos sobre el subsidio agrario alcanzados en la primera fase de la concertación social, y especialmente el derecho de los mayores de 52 años al subsidio indefinido aunque no trabajen el mínimo de 60 peonadas anuales.

UGT y CCOO hicieron también hincapié en la necesidad de buscar una salida para los más de 3.000 jornaleros andaluces expedientados por su participación en l fraude de las peonadas cometido al amparo del Plan de Empleo Rural (PER).

Según los sindicatos, el Ministerio de Trabajo se comprometió a encontrar una solución que tenga en cuenta el estado de necesidad de los jornaleros implicados, pero no accedió a declararse parte no perjudicada ni a reanudar el pago de los subsidios antes de que se resuelvan los expedientes.

REBAJAR EL MINIMO DE PEONADAS

Por otra parte, UGT planteó la necesidad de fijar el mínimo de peonadas exigidas para cobrar el subsiio en función de la cantidad de empleo disponible en cada comarca, a fin de evitar que los jornaleros se vean obligados a conseguir fraudulentamente las que les faltan.

En opinión de UGT, debería admitirse que, si en un pueblo sólo hay trabajo para 50, 40 ó 30 jornadas, éstas sean suficientes para acceder al subsidio. Asimismo, en comarcas con más trabajo el mínimo podría elevarse por encima de las 60.

Los sindicatos también exigen que los consejos comarcales que empezarán a funcionar a partir de 10 de febrero en Andalucía, Extremadura, las dos Castillas, Valencia y Murcia tengan plenas facultades para establecer los criterios de acceso a los subsidios.

Entienden que estos consejos, en los que participan los sindicatos, la Administración y la patronal, deben estar en condiciones de canalizar los subsidios hacia las personas más necesitadas, impidiendo que "los alcaldes o los caciques de cada zona coloquen a sus amigos".

Tanto Apolinar Rodríguez como Salce Elvira resaltaron que los sindictos no admitirán un desarrollo "a la baja" de los acuerdos sobre el subsidio agrario fijados en la concertación ni que los consejos sean vaciados de funciones.

Según el Ministerio de Trabajo, a finales de 1990 había unos 315.000 trabajadores eventuales del campo con subsidio, de los que 40.000 viven en Extremadura y el resto en Andalucía. El 48 por ciento de los beneficiarios son mujeres y el 52 por cien, varones.

UGT asegura que en estos momentos es imposible determinar el nivel de fraude en el obro del paro agrícola, por culpa del Ministerio de Trabajo, al que acusa de negarse a entregar a los sindicatos los censos de beneficiarios, amparándose en el derecho a la intimidad.

Los dos sindicatos mayoritarios volverán a reunirse el próximo día 30 con representantes del Ministerio de Trabajo para proceder a constituir la comisión de reforma del Régimen Especial del Subsidio Agrario.

En esa reunión, plantearán nuevamente la exigencia de que en la cartilla agraria figuren el salario, la activdad y la categoría laboral del jornalero.