Los servicios inspectores constataron la presencia en la fábrica, que no figuraba inscrita en la Seguridad Social, de seis trabajadoras de las que cinco eran búlgaras y carecían de permiso de trabajo.

Obviamente, ni las inmigrantes ni la única trabajadora española a la que también se daba empleo estaban dadas de alta ni cotizaban a la Seguridad Social.

Además, las instalaciones donde se realizaban los trabajos incumplían todas las normas de prevencón y seguridad laboral, con escasez de servicios sanitarios, techos muy bajos y "ausencia habitual de limpieza".