Según el ministerio, con la nueva normativa se pretende que la lucha contra el fraude social sea más eficaz y garantice los derechos de los ciudadanos, en cuanto al control del cumplimiento de la legislación social se refiere.

La futura ley diseñará un sistema de colaboración entre las administraciones central y autonómica, para que las competencias de ambas en la actividad inspectora puedan ser ejercidas mediante la dependenciadoble, en razón de la materia sobre la que se actúe en cada momento.

Para hacer frente al fraude social, la ley contemplará, según el departamento, una inspección modernizada, en los aspectos orgánicos, estructurales, tecnológicos y de capacidad de acción, así como en instrumentos legales, que permita el ejercicio eficiente de su función.

El ministerio asegura que la modernización que se persigue exigirá un mayor grado de programación y planificación de la actuación inspectora, además de una fuere conexión con la Administración Tributaria para la disuasión del fraude en sus diversas manifestaciones.

Otra cuestión importante que será modificada en la ley es la reconversión del Cuerpo de Controladores Laborales en un auténtico Cuerpo de Subinspectores, con la correspondiente definición legal de sus funciones y facultades, de las que carecen en la actualidad, pese a haberse creado en 1984.