Así lo anunció hoy en Santander el director general del Imserso, Héctor Maravall, quien destacó que este brrador responde a una solicitud realizada por el Defensor del Pueblo en sus informes de los últimos años, en los que relataba la violación de derechos de estos colectivos y la falta de un marco jurídico específico capaz de darles protección.

Maravall precisó a Servimedia que la gestión y el seguimiento de las residencias son competencia de las comunidades autónomas y que la nueva legislación no pretende interrumpir o inmiscuirse en esta tarea, sino "establecer un marco legislativo común" que debe ser espetado en todo el Estado y no confiar su cumplimiento a circulares de carácter menor, dadas por algunas comunidades.

Se trataría por lo tanto de fijar los requisitos para los cuidados de estas personas y la garantía de que se respetan todos sus derechos, independientemente de que vivan en un régimen de internado o similar.

El director general del Imserso destacó que "se trata de un colectivo de casi 250.000 personas que debe tener un reconocimiento legislativo adecuado".

En cuanto a su pueta en marcha, Maravall recordó que este proyecto debe ser debatido con el Ministerio de Justicia y con las comunidades autónomas, por lo que verá la luz previsiblemente en los inicios de la próxima legislatura.

Finalmente, el director del Imserso se refirió a las últimas noticias sobre residencias clandestinas y, si bien destacó la "buena labor" de las comunidades autónomas, subrayó que "es muy difícil" controlar estos asilos "piratas" porque se montan en cualquier piso o casa, por lo que pidió la colboración ciudadana para su detección.