Durante una conferencia pronunciada en el Colegio de Graduados Sociales de Madrid, Camps aseguró que "en breve" confía en llegar a un acuerd con CEOE-Cepyme y CCOO sobre el reglamento que regulará estos convenios de prejubilación, que desarrolla el sistema de jubilación gradual y flexible ya en vigor.

Actualmente, el empresario tiene la obligación, cuando prejubila a trabajadores mayores de 55 años, de suscribir un convenio con la Seguridad Social por el que mantiene las cotizaciones sociales de estos trabajadores, con el fin de que no vean mermada su futura pensión. Dicho convenio se mantiene hasta los 61 años, cuando el trabajador pasaacogerse a la jubilación anticipada.

Según esta normativa, cuando un trabajador prejubilado volvía al mercado laboral al aceptar un empleo, perdía el citado convenio, por lo que podía, en el caso de que su nuevo salario fuera inferior al que percibía, tener una merma en su futura pensión. "Eso nos lo hemos cargado", dijo rotundamente Camps, con el fin de "facilitar que los prejubilados puedan volver a ser contratados".

Con la nueva regulación, en el caso de que la cotización del prejubilado contatado fuera inferior a la que tenía en el convenio especial, la empresa que le despidió estará obligada a pagar la diferencia, con el fin de que no se reduzcan los futuros derechos de este trabajador.

Camps puso como ejemplo un trabajador prejubilado al que le contratan con el 80% del salario que tenía en su día y, por tanto, con el 80% de la cotización. En este caso, la empresa que le expulsó del mercado laboral deberá pagar el 20% de cotización restante.

La idea es que ante una reducción de platilla "no paguen siempre los mismos", las personas mayores, y, además, "puedan mantener la protección social".