El propio ministro ya afirmó la pasada semana que "no se puede abusar, bajo ningún concepto, de un sistema en el que sean los presupuestos públicos los que ayuden a las empresas, exclusivamente, a poder hacer sus estrategias de futuro" y "enderezar su cuenta de resultados".

La idea co la que trabaja el Gobierno es que las empresas tengan que asumir el coste de las prejubilaciones hasta los 65 años.

Actualmente, y en virtud del Acuerdo de Pensiones suscrito por el Ejecutivo con CCOO y CEOE en 2001, los empresarios que practiquen un Expendiente de Regulación de Empleo (ERE) deben firmar un convenio especial con la Seguridad Social por el que pagarán las cuotas sociales de sus trabajadores hasta que éstos cumplan los 61 años.

A partir de esa edad, los trabajadores pasan a la jublación anticipada, con lo que ven mermada su pensión entre un 30% y un 40%, en virtud de los años cotizados.

La idea que el Ejecutivo estudia poner en la mesa del diálogo social es aumentar la extensión de dicho convenio especial hasta los 65 años, de forma que la Seguridad Social retrasaría el pago de la pensión y el trabajador no vería mermada la cuantía de la misma.

No obstante, esta propuesta inicial debe ser negociada y pactada con empresarios y sindicatos, según anunció Zaplana, lo que podra hacer variar su contenido concreto en virtud del desarrollo de las negociaciones.