En declaraciones a Radio Nacional, Pimentel defendió no obstante l uso de las prejubilaciones para algunos casos, pero arremetió contra las empresas que sólo buscan rejuvenecer sus plantillas mediante este sistema.

En este sentido, recomendó a los empresarios que se plantean procesos de prejubilaciones que dejen de hacer discriminaciones "perversas" por cuestiones de edad, que son contrarias al espíritu constitucional de igualdad.

De lo contrario, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales mirará "con lupa" estos expedientes e incluso planteará recursos ante a jurisdicción de lo Social, para denunciar esa discriminación e intentar paralizar estos expedientes.

Pimentel recordó que las prejubilaciones le cuestan a las arcas del Estado unos 100.000 millones de pesetas anuales y aseguró que al Gobierno "le interesa claramente que las personas lleguen hasta la edad máxima de jubilación", fijada en 65 años.