Las empresas "Manuela Amate Garrido", deCádiz, e "Insertam S.L", de Asturias, fueron requeridas por la Inspección al descubrirse que, a pesar de haber retenido a sus trabajadores las cuotas correspondientes a la Seguridad Social, no habían ingresado estos importes en las arcas públicas.

La infracción, que afectaba a la totalidad de sus plantillas, ha sido calificada de muy grave y penalizada con 15 millones de pesetas de multa, de acuerdo con la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, de 7 de abril de 1988.