Ese día, Trabajo mantendrá la que será la última reunión con ATA, UPTA y CEAT para abordar este texto, que quiere aprobar en Consejo de Ministros el día 21 o, a más tardar, el 28 de este mes.

Previamente al encuentro con las tres organizaciones de autónomos que han participado en esta negociación, representantes de Trabajo se reunirán con CEOE, UGT y CCOO.

En ese encuentro se formalizará la entrega por parte de los agentes sociales de sus alegaciones al Estatuto del Autónomo, aunque fuentes sindicales indicaron a Servimedia que en las últimas semanas, aun sin contactos en persona, se han intercambiado documentos.

El Estatuto del Trabajador Autónomo establecerá, por vez primera en la historia, el derecho de este colectivo a protección social por cese de actividad. No obstante, el conjunto de autónomos deberán cotizar para la implantación de este derecho.

Trabajo prevé una cotización en el entorno del 7%, con el fin de que las aportaciones de todo el colectivo permitan financiar el coste que generen aquellos que pierdan involuntariamente su actividad.

Los beneficiarios del Estatuto del Trabajador Autónomo serán los cerca de 2,2 millones de emprendedores que son personas físicas, quedando excluidas las personas jurídicas.

De ellos, según datos de Trabajo, cerca de 1.750.000 no tienen ningún asalariado a su cargo, mientras que el medio millón restante no suele superar los tres.

Además, quedan regulados otros derechos, como el de los autónomos dependientes, que son aquellos cuyos ingresos dependen en más de un 75% de un mismo pagador.

Los autónomos dependientes tendrán derecho, por ejemplo, a 15 días hábiles de vacaciones al año, es decir, unas tres semanas.

El último texto entregado por el Gobierno a las organizaciones del sector, al que ha tenido acceso Servimedia, lleva fecha de 29 de junio y consta de 28 artículos, tres disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cuatro finales.

La última de las disposiciones finales fija que la ley entrará en vigor a los tres meses de publicarse en el BOE. De este modo, y habida cuenta que ha de producirse el trámite parlamentario, el Estatuto no estará en vigor el 1 de enero, como pretendía el Gobierno, sino bien avanzado el año 2007.