Estas organizaciones recibieron el pasado jueves los tres primeros títulos del nuevo Estatuto, pero Trabajo no les dio los dos últimos capítulos, relativos a la protección social de los autónomos.

La principal novedad de esa parte del texto será el sistema que se implante como protección al desempleo de los autónomos, es decir, que, en caso de pérdida involuntaria de su actividad, tengan alguna ayuda económica.

La intención del Gobierno, que cuenta con el visto bueno de las organizaciones de autónomos, es implantar un sistema en el que, a cambio de una nueva cotización, el autónomo consiga este nuevo derecho.

Además, habrá que ver si, finalmente, Trabajo se decanta por conceder a los autónomos el acceso a la jubilación anticipada, derecho que tienen los asalariados pero no los emprendedores.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, indicó que su intención es un sistema como el de los trabajadores por cuenta ajena, en el que haya reducción de la cuantía de la pensión en función del tiempo que se adelante el retiro y de los años que se tengan cotizados.

EMBARGO DE BIENES

En la parte del Estatuto que ya han recibido los autónomos, a la que ha tenido acceso Servimedia, se incorporan buena parte de las demandas de las organizaciones.

Así, los trabajadores autónomos tendrán garantizado que no se les embargará su vivienda, y tampoco cualquier utensilio que necesiten para el desarrollo de su profesión, en el caso de que quiebre su empresa, en contra de lo que ocurría hasta ahora, cuando podían perder, incluso, su casa.

La propuesta de Trabajo señala que serán "inembargables" bienes como la vivienda, los instrumentos necesarios para el desarrollo de la profesión del autónomo, el mobiliario y menaje del hogar, los alimentos y el combustible.

Tampoco podrá ser embargado el salario del autónomo si es inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), situado actualmente en 540,9 euros mensuales.

Hasta el doble de esta cantidad se le podrá embargar el 30%; si está entre el doble y el triple, un 50%; hasta cuatro veces el SMI, el 60%; y hasta cinco veces, el 75%.

Además, en el artículo noveno de la propuesta de Estatuto, que versa sobre garantías retributivas y económicas, el Gobierno fija en 30 días el límite que tiene el cliente del autónomo para pagar la factura.

NO DISCRIMINACIÓN

El texto entregado a las organizaciones de autónomos garantiza la "igualdad ante la ley y la no discriminación" de los discapacitados, así como garantías similares por razón de sexo, edad u origen racial o étnico, entre otros.

Asimismo, los artículos del 10 al 18 están dedicados a la figura de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, que son aquéllos cuyos ingresos dependen al menos en un 75% de una misma persona física o jurídica.

En este caso, la propuesta del Ejecutivo especifica que no podrán ser considerados autónomos dependientes aquéllos que tengan establecimientos o locales comerciales abiertos al público, ni tampoco aquéllos que ejecuten su actividad de manera conjunta e indiferenciada con el resto de empleados del cliente.

El Estatuto también abre la puerta a la negociación colectiva para los autónomos dependientes. Así, en su artículo 11, señala que la labor de estos emprendedores se regulará por los convenios colectivos que alcancen las asociaciones que representan a los autónomos y las empresas.

Asimismo, la propuesta del Gobierno permite a los autonómos afiliarse no sólo a las organizaciones profesionales específicas de este tipo de trabajadores, sino también a sindicatos y asociaciones empresariales.