En una nota, el departamento de Jesús Caldera señaló que ha vivido con preocupación las dificultades que ha atravesado el consulado de Ecuador, a causa del desbordamiento en la atención a personas que acudían a tramitar el certificado de antecedentes penales.

"Esta preocupación se funda en las largas colas de espera que han obligado a ciudadanos ecuatorianos a permanecer durante muchas horas a la intemperie", añade el comunicado.

Trabajo ha mantenido comunicación permanente con la Embajada de Ecuador, manteniendo distintos encuentros para encontrar las respuestas más adecuadas a esta situación, para la que se se ha acordado la supresión de la obligación de la legalización consular de dicho documento.

Esta actuación permitirá dar solución a la situación de colapso sin afectar en modo alguno al necesario rigor en el desarrollo del proceso de normalización, según Trabajo.

"Los ciudadanos ecuatorianos resultarán, sin duda, beneficiados de esta decisión que introduce una mayor agilidad en la atención consular, no teniendo, además, que abonar las tasas que se requieren para la citada legalización", subrayó.

"Es importante recordar que el Gobierno, y a diferencia de otras oportunidades, ha querido dotar al proceso de documentación de las máximas garantías de seguridad, exigiendo la carencia de antecedentes penales tanto en España como en los paÍses de origen de los solicitantes. Este requisito se observará estrictamente", concluye Trabajo.