Según los datos facilitados hoy por el Inem, este hábito empresarial ha afectado en los últimos tres años a casi 46.000 trabajadores que pasan directamente a cobrar la prestación por desempleo durante los periodos de vacaciones.

El sector que más abusa de este sistema es la construcción (el 22% de los detectados), seguido de la educación (12%) y la hostelería (6%). El coste de esta práctic empresarial es de 11.300 millones de pesetas anuales en el pago de prestaciones por desempleo a los afectados.

Los trabajadores que más se ven perjudicados por este tipo de prácticas son aquellos con vínculos contractuales de duración determinada, cuya relación laboral finaliza a principios de los periodos vacacionales.

Para evitar que aumenten este tipo de prácticas irregulares, el Inem, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tiene previsto actuar sobre más de 7.000 deestas empresas, controlando de esta forma la interrupción de la relación laboral en épocas de descanso.