El subsidio agrario, que establece para los jornaleros andaluces y extremeños el cobro de un 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante seis meses al contabilizar 35 peonadas, fue modificado por el Gobierno el 24 de mayo de 2002, cuando aprobó el conocido como "decretazo" en el que se limitaban las nuevas entradas.

Por provincias, Sevilla lideró el número de denegaciones, con4.492, lo que supone 2.671 más que en 2001. En Córdoba, los rechazos ascendieron a 2.993 (2.020 más); en Jaén, 2.393 (723 más); en Granada, 2.132 (1.034 más); y Cáceres, donde se rechazaron 1.183 peticiones de subsidio, 210 más que en 2001.

Por el contrario, el número de rechazos descendió en Huelva, donde se produjeron 2.181 (149 menos); en Cádiz, con 1.399 (169 menos); y Badajoz, provincia en la que se denegaron 1.546 solicitudes, 22 menos que en 2001.

En cuanto a los motivos, en el 37,9% de lo casos el INEM alegó que las rentas familiares superaban el máximo fijado legalmente, mientras que el 32% de las solicitudes no reunía los requisitos para el nacimiento de este derecho.

Causas menos frecuentes se refieren a que las rentas personales del solicitante exceden el límite fijado, lo que sucedió en el 9% de los casos; que no se había alcanzado las cotizaciones suficientes al Régimen Agrario de la Seguridad Social, en el 3,5% de las situaciones; que hay incompatibilidad por la percepción de oras rentas o prestaciones, en el 3,3%; o que no se cumplen las condiciones para el subsidio especial de mayores de 52 años, en el 2,9% de las situaciones.

El Gobierno modificó en 2002 el subsidio agrario para limitar las entradas al mismo a nuevos perceptores o a quienes llevaran más de tres años sin acceder al mismo.