En 1986, hace ya casi 20 años, el Gobierno de Felipe González aprobó la ley por la que se restituía el denominado patrimonio sindical histórico.

Sin embargo, la dificultad de acreditar la titularidad de los bienes que fueron incautados y la falta de un plazo límite para presentar estas solicitudes de restitución han dificultado, señala el Gobierno, un rápido desarrollo de la ley.

Por este motivo, el Ejecutivo aprobó el pasado 28 de octubre un decreto de modificación de la referida ley de 1986, que mañana entrará en vigor, en el que se establece el 31 de enero de 2006 como fecha límite para presentar estas solicitudes.

Fuentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales consultadas por Servimedia explicaron que el objetivo es poner fin a un asunto que se lleva arrastrando muchos años y que ha impedido la devolución del patrimonio sindical a las organizaciones sindicales disueltas en la Guerra Civil, siendo las más representativas UGT y la Confederación Nacional del Trabajo.

Estos sindicatos deben acreditar la pertenencia de esos bienes o los derechos que pesaban sobre los mismos cuando fueron privados de ellos, entre 1936 y 1942.

El valor establecido para la compensación no será el actual de mercado de esos inmuebles, según recoge el decreto, sino que se ha optado por una solución "intermedia", según las fuentes de Servimedia.

En concreto, se tomará como referencia el valor del inmueble en enero de 1986, cuando se aprobó la ley referida, al que se sumará el interés legal del dinero hasta la fecha en que se produzca la compensación.

Desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales incidieron en que lo más conveniente para todas las partes hubiese sido proceder a la compensación al poco tiempo de aprobada la ley, pero, visto el retraso, se ha optado por una solución final que contente a todos.

Así, aunque los sindicatos reclamaban que la compensación se hiciese en función del valor real actual de los inmuebles, y no el vigente en 1986, desde el Gobierno se ha optado por la solución, aceptada por las centrales, de elevar la cuantía en función de la evolución del interés legal del dinero.

CASO PSV

La devolución del patrimonio sindical histórico es una de las banderas que ha esgrimido históricamente la Unión General de Trabajadores para dilatar la resolución de la deuda que mantiene con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como consecuencia del caso de la cooperativa de viviendas PSV.

El sindicato valora sus antiguos bienes en una cuantía cercana a los 280 millones de euros, mientras que la deuda que mantiene con el ICO ronda los 150 millones de euros.

UGT asegura que, con el importe que logre con la devolución del patrimonio sindical histórico, podrá saldar su crédito con el ICO. Precisamente este patrimonio sirvió de aval al sindicato para recibir el dinero del instituto de crédito.