La nueva normativa ha sido incluída en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado y, según los cálculos realizados por el ministerio que dirige Manuel Pimentel, podrá beneficiar a más de 5.000 personas en su primer año de utilización. El colectivo potencialmente beneficiario es de unas 100.000 personas.

La situacón de exclusión social será acreditada por los Servicios Sociales de la zona a la que pertenezca el contratado, que, además, deberá seguir un itinerario de inserción sociolaboral previamente diseñado.

Los colectivos destinatarios de estos contratos son los perceptores de rentas mínimas, jóvenes procedentes de reformatorios, personas con problemas de drogadicción o alcoholismo, ex reclusos y ex prostitutas, entre otros.

Los contratos indefinidos contarán con una rebaja de entre el 20 y el 60 por cento en las cotizaciones a la Seguridad Social que abonan los empresarios durante los dos primeros años de trabajo.

En el caso de los contratos destinados a jóvenes menores de 30 años, las bonificaciones serán del 20%, mientras que para los que lleven en el paro más de un año, o bien tengan más de 45 años, la rebaja en las cotizaciones se situá entre el 45 y el 50%.

Además, en el caso de las mujeres, las bonificaciones se elevan hasta el 60% si son mayores de 45 años o llevan más de 1 año en el pro, mientras que se quedan entre el 30 y el 35 por ciento si no cumplen ninguno de esos requisitos.