Sánchez Fierro añadió que es voluntad del jecutivo aprobar durante este año un sistema para las cotizaciones similar a las tarifas "bonus malus" que se aplican a los seguros de los automóviles, en el que, tomando como referencia una cuota básica, se aplica una horquilla hacia arriba o hacia abajo de acuerdo con la siniestralidad laboral en una empresa concreta y, por tanto, de acuerdo con los costes que ocasiona al sistema de Seguridad Social.

El representante del Ministerio de Trabajo recordó que una disposición aprobada en la Ley de Acompañmiento de los Presupuestos de 1998 habilita al Gobierno para tomar esta decisión, si así lo cree conveniente.

Aseguró que de esta forma, además de castigar a los infractores de la legalidad, se incentiva la prevención en materia de riesgos laborales. "Las sanciones son necesarias, pero ahí lo que se hace es certificar un fracaso, por eso hay que incentivar la prevención", explicó. También habrá que insistir en acciones formativas y de concienciación no sólo de los empresarios, sino de toda la sociedad

No obstante, Sánchez Fierro precisó que antes de tomar esta decisión Trabajo tiene que obtener datos estadísticos fiables que avalen la decisión que se tome.

2,2 BILLONES DE COSTE

El secretario técnico hizo estas declaraciones con motivo de la presentación del Salón Internacional de la Seguridad SICUR, que tendrá lugar entre los días 24 y 27 de este mes en Madrid.

Asimismo, desveló que en 1997 se produjeron 676.644 accidentes laborales en España, lo que representa un incremento del 8,7% e relación con 1996. Calculó que los costes de la siniestralidad laboral ascendieron al menos a 2,2 billones de pesetas (unos 100.000 millones más que en el año anterior), aunque advirtió que no dispone todavía de datos definitivos.

De este total, 665.181 fueron accidentes leves, 10.393 graves y 1.070 mortales. Por sectores, 268.859 se dieron en los servicios, 226.142 en la industria, 137.068 en la construcción y 44.545 en la agricultura.

Julio Sánchez Fierro reconoció que se trata de un mal dato,aunque sí que explicó la subida de la siniestralidad por el aumento de la actividad económica y el crecimiento de empleo y por la falta de una regulación precisa al respecto, puesto que los reglamentos que desarrollan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no fueron aprobados hasta finales de octubre del año pasado.

Además, anunció que en el plazo de dos meses comenzará una campaña de promoción destinada a incentivar la prevención en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Pregutado sobre las quejas sindicales por la falta de medidas ejecutivas de las sanciones por infracciones en este terreno, se limitó a observar que los inspectores del ministerio levantan las actas de infracción de manera automática, y que por tanto son las comunidades autónomas, que son las que disponen de estas competencias, las encargadas de ejecutar las sanciones.

Respecto a la falta de cumplimiento de los planes de prevención por parte de las empresas, el secretario técnico recordó que las autonomíastodavía no han aprobado la normativa que permite el establecimiento de servicios de prevención por parte de empresas de auditorías que asesoren, sobre todo a las pymes, en el cumplimiento de sus obligaciones.