Durante su participación en las "Jornadas sobre Discapacidad: la Integración Posible", organizadas por la Consejería de Servicios Sociales de Cantabria, Camps abogó por articular "ua red de actuaciones y servicios con los que promover y mejorar el estado de bienestar y la calidad de vida de las personas dependientes".

Camps consideró que las administraciones deben "reforzar su presencia" en el ámbito de la dependencia, como "mejor garantía" de que las medidas que se pongan en marcha "benefician a todo el mundo sin discriminación".

El secretario de Estado de Seguridad Social explicó que, una vez que los partidos políticos renueven el Pacto de Toledo, se constituirá un gran gupo de trabajo en el que participarán gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos y agentes sociales, que definirá el modelo de atención a los dependientes.

A juicio de Camps, debe haber "una integración que llegue a todas las personas que padezcan situaciones de dependencia que les impidan hacer labores cotidianas".

Para conseguir ese objetivo, indicó que hace falta un "cambio radical de perspectiva" para afrontar el problema con un doble objetivo: favorecer la mejora de la situación de los dscapacitados y crear un marco legal de cobertura para atender a los afectados y mejorar su calidad de vida.

Por su parte, el consejero de servicios sociales cántabro, Jaime del Barrio, resaltó los avances logrados en el ámbito de la protección a los discapacitados en esta región.

Del Barrio afirmó que el 46 por ciento de las personas con discapacidad moderada de cantabria trabajan. Además, explicó que 2.200 personas dependientes se benefician del Servicio de Atención Domiciliaria.

Cantabria ispone de 760 plazas en Centros de Día, mientras que la atención continuada durante las 24 horas alcanza a 1.980 personas.

El director general de Trabajo del Gobierno cántabro, José Luis López Tarazona, afirmó que para la integración social del discapacitado es "imprescindible" la normalización laboral. A su juicio, "hay que avanzar en la presencia de discapacitados en los puestos de mayor cualificación".

López Tarazona reconoció que la reserva para discapacitados del 2% de las plazas en las emprsas de más de 50 trabajadores no se está cumpliendo, como consecuencia de la actitud de los empresarios, de la falta de un marco sancionador adecuado y del poco desarrollo reglamentario de la LISMI.