Así lo establece la Memoria Económica del anteproyecto de ley de Estatuto, a la que ha tenido acceso Servimedia, y en la que se afirma que esos más de 730.000 autónomos aportarán unos ingresos a la Seguridad Social de unos 586,66 millones de euros al año.

Según los últimos datos del Gobierno, correspondientes al mes de agosto, sólo 263.156 autónomos cotizaban por accidente de trabajo y enfermedad profesional, es decir, el 8,69% del colectivo.

El Estatuto del Autónomo obliga a determinados autónomos, entre ellos los autónomos dependientes, a cotizar por las citadas contingencias.

Según los cálculos del Gobierno, sólo en el sector de la construcción habrá 427.676 autónomos que deberán pagar por accidentes de trabajo; a los que se unen otros 193.642 en el transporte; 45.345 en la fabricación de productos metálicos; 34.933 en reparación de vehículos; 23.628 en la industria de la madera; 5.025 en la de la piedra, y 3.217 en otras actividades económicas.

En todo caso, esa aportación de unos 586,66 millones de euros al año que harán estos nuevos cotizantes será superior a los costes que genere, según el Ejecutivo, que recuerda que actualmente "hay excedentes en todos los colectivos".

SIN RIESGO PARA EL SISTEMA

En su análisis del impacto económico del nuevo Estatuto del Trabajo Autónomo, el Gobierno destaca que no provocará apenas costes para el sistema de la Seguridad Social.

"El contenido del anteproyecto", afirma el Ejecutivo, "no solamente no supondrá en su actual formulación riesgo alguno para la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, sino que obrará favorablemente en esta dirección".

Eso se producirá, prosigue la Memoria Económica, "al generar un incremento de los ingresos del sistema superior a los escasos costes que el mismo supone, derivado todo ello de un conjunto de medidas articuladas de forma tal que se da satisfacción a reivindicaciones históricas de los autónomos con un impacto reducido".

Por ejemplo, el compensar por la doble cotización que sufren algunos autónomos, que llegan a superar la base máxima de aportación a la Seguridad Social, mermaría unos 65 millones de euros a las arcas públicas.

No obstante, dado que se quitarían las bonificaciones y otras subvenciones de este colectivo, el coste se reduciría a apenas 40 millones.

Medidas de gasto, como el derecho a la incapacidad temporal por contingencias comunes -ahora únicamente no tiene esta cobertura el 6% del colectivo- costará unos 10 millones de euros, pero la recaudación será de 25 millones.