La Dirección General de Trabajo, que reduce en 522 el número de empleados afectados por la medida, justifica la decisión en "la situación de crisis estructural por la que atraviesa el sector en España, y en la consecuente necesidad de adecuar la oferta productiva de las empresas a la demanda actual del mercado".

Con esta medida, según Trabajo, se contribuye a "alcanzar el nivel de competitivdad apropiado con el resto de las empresas de dicho sector que actúan en el exterior del país".

En su resolución, Trabajo acepta las propuestas pactadas entre la dirección de la CSI, el Ministerio de Industria y algunos de los sindicatos españoles de la siderurgia (UGT, USO y la Confederación de Cuadros), frente a la oposición de CCOO, ELA-STV y LAB, lo que impide un acuerdo de eficacia general en el "holding".

El plan de excedentes laborales de la CSI fija la rescisión de contratos para 9.185 trbajadores que podrán acogerse al sistema de jubilaciones anticipadas pactado, por el que percibirán un 79 por cien del salario bruto, y una revisión del 7 por cien a partir del tercer año, y del 3,5 por cien en los ejercicios sucesivos hasta que cumplan los 65 años.

Estas medidas son rechazadas por CCOO, ELA-STV y LAB. Comisiones ha llegado a presentar un plan alternativo en AHV que permite limitar la reducción de empleo a 1.600 puestos de trabajo, frente a los 3.600 que contempla el plan de la CSI enlos próximos años, con unas inversiones de 35.000 millones de pesetas frente a los 75.000 previstos por la dirección del grupo.

En protesta por la decisión de la CSI de seguir adelante con su plan, el sindicato ha convocado huelgas de 24 horas los próximos días 6, 12 y 25 de este mes, haciendo extensible esta última jornada de movilización a una huelga general en toda la margen izquierda del Nervión.

El anuncio de Trabajo se produce dos semanas antes de que el ministro de Industria, Claudio Aranzdi, acuda a bruselas a defender el Plan de Competitividad de la Siderurgia Integral española, que cuenta con la oposición de varios de los socios comunitarios por entender que las ayudas que deberá otorgar el Gobierno, más de 600.000 millones de pesetas exceden los límites permitidos por la normativa de la CE.