Aparicio compareció en el Senado ante la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, donde expuso las líneas generales de su departamento para la nueva legislatura, en la que preocupan sobre todo el acceso al empleo, como método de igualdad, y la lucha contra la "lacra" de a violencia doméstica, como la definió.

El titular de Trabajo y Asuntos Sociales destacó el alto grado de cumplimiento del último Plan 1997-2000, que ha contado con la colaboración de las comunidades autónomas, las ONGs y las asociaciones de mujeres, que ha sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).

Para el nuevo Plan, confió en contar con el mismo respaldo y colaboración y anunció que se creará además un Observatorio de la igualdad, para seguir "de cerca" el desarrollo y cumplimiento d los objetivos del Plan.

En cuestiones laborales, Aparicio arremetió contra el "despilfarro" que supone que gran parte de las mujeres no puedan incorporarse al mercado de trabajo y aseguró que el Gobierno intensificará los incentivos a la contratación de la mujer.

Respecto a las desigualdades salariales entre hombres y mujeres que realizan la misma labor, que cifró en un 20%, aseguró que se trata de un "déficit democrático y una injusticia social", y aseguró que la Inspección de Trabajo perseguir a las empresas que hagan diferencias salariales por cuestión de sexo.

En este sentido, Aparicio pidió a los sindicatos y empresarios que, aprovechando la nueva etapa de diálogo social, impulsen el acceso de la mujer al trabajo en igualdad de condiciones y lo pacten así en los convenios colectivos.

CONCILIACION

El titular de Asuntos Sociales reconoció los problemas de las mujeres para conciliar el trabajo y la maternidad y aseguró que, en este sentido, se ampliará la dotación presupuestaria desinadas a dotación de guarderías, a ayudas sociales, teleasistencia y otras medidas de apoyo.

Destacó que la pretensión de Trabajo es que las mujeres que tengan hijos queden exentas de cotizaciones a la Seguridad Social durante los dos años posteriores a su reincorporación al mercado laboral.

Aparicio arremetió finalmente contra la "lacra" que supone la violencia doméstica y, si bien reconoció que se ha avanzado en los últimos años, insistió en que se trata de "un atentado contra la vida y contra a integridad humana".

LEY DE VIOLENCIA DOMESTICA

La responsable de Mujer en la ejecutiva socialista, Micaela Navarro, mostró su respaldo al Ejecutivo en todas las mejoras que incidan en una igualdad mayor de oportunidades entre hombres y mujeres, pero lamentó que la bondad de la situación económica actual en España no se esté trasladando al empleo femenino.

Por su parte, la portavoz de CiU María Mercedes Pigem lamentó los "terribles" datos de violencia doméstica -con numerosos fallecimientos-,solicitó al Gobierno que impulse una Ley Integral contra este tipo de violencia que conlleve un endurecimiento de las penas para los agresores. Aparicio dijo que "no conviene descartar nada".

La diputada de IU Marisa Castro advirtió al Ejecutivo de que su coalición no se contentará con "literatura" sobre igualdad de oportunidades y pidió dotaciones presupuestarias más amplias para estos asuntos.