Fuentes de Yanko consultadas por Servimedia expresaron su convencimiento de que se logrará un acuerdo con los 300 acreedores, a los que se adeuda alrededor de 3.000 millones de pesetas, la cuantía de la suspensión de pagos que aprobó un juzgado de Inca (Mallorca) el 17 de junio de 1993.

De esta cantidad adeudada, la mayor parte corresponde a dedas con la Seguridad Social. A este respecto, el director provincial de Trabajo, Fernando Villalobos, declaró a Servimedia que "no se descarta instar a Yanko a la quiebra si se confirma que no respeta sus compromisos de abonar la Seguridad Social en los últimos meses y si, finalmente, no salda su deuda con nosotros".

Pedro Ventayol, asesor jurídico de Yanko y representante de la empresa en las negociaciones con los acreedores, explicó a esta agencia que el juez aprobó su solicitud de suspensión del prcedimiento judicial y su continuación por el procedimiento escrito. Eso evitó el pasado mes de junio la reunión de la junta de acreedores y la posibilidad de que alguna de las partes afectadas solicitara la quiebra.

La situación económica de Yanko se presenta aun más complicada tras las declaraciones del consejero de Industria y Comercio del Gobierno balear, que aseguró que "nuestra ayuda a Yanko será revisada porque creo que las empresas deben demostrar su viabilidad por sí solas".