En esta segunda denuncia le acusan del desvío de un crédito de 450 millones de pesetas concedido por el Banco Exterior, que no figura en la contabilidad de la empresa, según se desprende de na auditoría realizada hace un año por encargo de la Xunta.

La denuncia se suma a otra presentada ayer por el citado colectivo, formado por cincuenta técnicos y adminstrativos de GEA, por las supuestas actividades fraudulentas cometidas por Estudesa a la hora de adquirir GEA, en 1991, cuando ésta pertenecía al INI.

Ricardo Rodríguez, portavoz de los denunciantes, presentó al fiscal en su denuncia de ayer documentos que acreditarían que, en esa compra, Estudesa pago al INI 115 millones de pesetas ue podrían haber salido de la propia caja del Grupo.

Actualmente, GEA pertenece al empresario Erique Tatay, que la adquirió hace año y medio a Estudesa, cuando ésta inició un periodo de crisis.

Sin embargo, GEA continúa en crisis y sus trabajadores acumulan ya once meses de atrasos en sus salarios. Este problema ha ocupado la actividad política y social de la ciudad durante toda la jornada de hoy, con una reunión especial del Consejo Económico y Social (CES), la celebración de un pleno extraordinrio de la corporación, y un encierro de los trabajadores.

Tras la reunión de esta mañana, el CES de Vigo acordó solicitar de la Xunta de Galicia que cumpla su compromiso de conceder un aval de 2.500 millones para el saneamiento de la empresa, que el Ejecutivo gallego tiene congelado a la espera de que la UE dictamine sobre su validez legal. El CES expresó además su apoyo al paro general convocado para mañana en la ciudad.

Mientras tanto, 200 trabajadores de GEA, tres de ellos en huelga de hambre,cumplen hoy su sexto día de encierro en las dependencias municipales. A pocos metros de allí, el pleno debatía ceder a los trabajadores las dietas de los ediles por la asistencia al pleno.