La Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (Semes), que agrupa a 6.500 médicos, enfermeros y técnicos de transporte de urgencias, hizo público un comunicado en el que denuncia la falta de voluntad del Gobierno para atender sus reivindicaciones.

Este colectivo se queja de que trabaja en una situación que puede catalogarse de "ilegalidad" en el escenario laboral europeo, ya qe carece de la titulación y de la preparación específica que tienen sus homólogos de otros países de la UE.

Aseguran que llevan años apostando por el diálogo y la moderación en el planteamiento de sus demandas al Ejecutivo, pero han decidido variar su postura, tras constatar que otros trabajadores de la sanidad con una actitud más beligerante hacia la Administración han conseguido más que ellos.

El presidente de SEMES, el doctor José Millá, dijo que entre las medidas de presión que ya han decidid figuran la entrega de firmas en el Congreso de los Diputados, y estudiarán una posible acampañada de trabajadores frente al Ministerio de Sanidad y manifestaciones.

No obstante, la principal baza de presión que manejan es lo que denominan "objeción laboral", consistente en atender exclusivamente a los pacientes realmente graves que lleguen a sus centros.

Calculan que de cada 100 personas que acuden a las urgencias hospitalarias, tan sólo unas 30 son realmente pacientes que necesitan una atenciónrápida, mientras que el resto son susceptibles de ser tratados en asistencia primaria. "Hasta ahora estamos atendiendo todas las demandas que nos llegan, pero esto puede cambiar", avisó Millá.

La SEMES reclama a Sanidad un pacto en el que se aclare en qué consiste y cómo debe ser la medicina de urgencias en España. "Queremos que el trabajo que desarrollan miles de personas en este campo, y que hasta ahora ha sido reconocido oficialmente, adquiera un estatus de legalidad", señaló Millá.