El presidente de la Asociación de Trabajadores de Sintel, Adolfo Jiménez, acusó al juez Pedraz de "convertir el auto en un traje a medida para salvar a Telefónica" y reconoció que los ex empleados habían albergado "ciertas esperanzas", dado que "la Fiscalía Anticorrupción había hecho un extraordinario trabajo".

"Si lo que ha hecho Telefónica no es un delito, el Estado de derecho no existe para las grandes empresas", señaló Jiménez, tras considerar que "el juez Pedraz ha debido estar expuesto a muchas presiones por parte de gente con mucho poder".

Según consta en el escrito del fiscal Anticorrupción José Grinda, un total de 23 imputados, entre los que se encuentra el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga, participaron en el "vaciamiento patrimonial" de Sintel, que se tradujo en el despido de 1.820 trabajadores y en un agujero patrimonial de 60 millones de euros.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y los representantes de los trabajadores de Sintel continúan trabajando en la mesa de negociación que se constituyó con el objetivo de encontrar una salida para los más de 1.800 empleados de la antigua filial de Telefónica.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se ha comprometido con los representantes de los antiguos empleados de Sintel a elaborar un plan social para todos ellos, con la garantía de no dejar a ningún trabajador abandonado a su suerte. Los trabajadores esperan firmar el acuerdo antes de que acabe el año.