Durante la protesta criticaron la gestión de los actuales propietarios de la empresa, la familia Ortells, y exigieron la adopción de las medidas necesarias para salvaguardar los 1.200 puestos de trabajo.

La posible expropiación ya fue adelantada por el consejero de Trabajo de la Generalitat valenciana, Miguel Domenech, dadas las continuas negativas de la familia Ortells a vender una empresa que yaestá en proceso de quiebra.

El Gobierno valenciano, en su reunión del próximo lunes, podría aprobar un decreto para hacerse con la titularidad de las acciones de Marcol. El objetivo de la Generalitat es negociar libremente la venta de la empresa a un grupo del sector de la distribución comercial, español o extranjero.

La empresa Marcol perteneció al "holding" Rumasa. Para su privatización, la Dirección General del Patrimonio efectuó una ampliación de capital de 3.800 millones de pesetas, pero loscompradores, la familia Ortells, desembolsaron 300 millones de pesetas.

En la actualidad, Marcol está en situación legal de quiebra, con unas deudas de 4.000 millones de pesetas, aunque la valoración de su patrimonio de inmuebles supera los 25.000 millones.