Estas subvenciones, que fueron concedidas en la última privatización de la factoría, debieron servir para la reflotación de la fábrica y la modernización de bienes de equipo. Sin embargo, estas mejoras no se dieron, como consecuencia de la irregular gestión de a empresa, en manos de las firmas italianas Benorve y Benservice, representadas por Giovanni Orefici, que obligaron a Patrimonio del Estado a hacerse de nuevo con el control de GTE hace dos años.

Los trabajadores creen que, tras conocerse la sentencia, Patrimonio del Estado "tendrá muy difícil" encontrar comprador, "ya que cualquier empresario lo que quiere es comprar una empresa saneada y no con otra carga multimillonaria". No obstante, el comité de empresa de la factoría, liderado por CCOO, desconoc cómo General Textil España podrá hacer frente al desembolso de los 4.200 millones de pesetas.

En este sentido, el portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes en el Parlamento de Andalucía, Rafael Rodríguez, consideró hoy que la única opción posible de devolución de las subvenciones es mediante la enajenación de los terrenos en los que se asienta la factoría, lo que podría llevar a su desaparición.

Por ello, el Grupo Parlamentario de IU presentará en el Congreso de los Diputados una iniciativa en la qe se solicita al Gobierno la paralización de la ejecución de la sentencia.

Por su parte, los socialistas malagueños han esbozado hoy que una de las soluciones para la continuidad de General Textil España es, o bien la privatización, o bien su transferencia de manos de la Dirección General de Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda) al Ministerio de Industria.

General Textil España, que en su día llegó a ser la fábrica textil más grande del mundo, cuenta en la actualidad con 750 trabajadores el 50 por ciento menos que hace dos años, cuando Patrimonio del Estado volvió a hacerse cargo de la empresa tras el periodo en manos del capital privado.

El retorno de la factoría a Patrimonio del Estado acompañó un plan de viabilidad para la empresa, del que ya se están cumpliendo sus primeros objetivos, como el aumento de la producción y la búsqueda de nuevos mercados. No obstante, a juicio de los trabajadores, la sentencia del Tribunal de la UE, "nos pone el futuro muy negro".