Los representantes de los trabajadores no aceptaron la medida, porque supone, a su juicio, la desaparición de la factoría, lo que conlleva la pérdida de cerca de 730 puestos de trabajo y una reducción temporal del empleo para el resto e los trabajadores de General Textil España, antes Intelhorce, durante tiempo indeterminado.

Los empleados tampoco accedieron a la necesidad, presentada por los directivos de la empresa, de que el ayuntamiento de Málaga autorice la recalificación de gran parte de los terrenos de la factoría.

A pesar de este rechazo, el director general del Patrimonio, Luis Alcaide, se mostró optimista y resaltó el espíritu de diálogo de los trabajadores, quienes desean que esta institución vuelva a hacerse cargo e la fábrica malagueña. Ante esto, Alcaide recordó que la legislación de la Comunidad Europea no lo permite.

Por su parte, el presidente de Hytasa, Fernando Feijoo, considera que las negociaciones no están agotadas, "ya que se ha acordado mantener reuniones periódicas entre el Patrimonio, los trabajadores y posibles compradores, para seguir discutiendo las soluciones posibles".