"El perfil socio-profesional de la inmigración en España", título de la investigación que ha sido encargada al sociólogo Oscar López, subraya que el hecho de gozar de un permiso de trabajo no evita que sean víctimas de despidos improedentes, que no disfruten de la cobertura del paro y, por lo general, que sean ellos mismos quienes coticen a la Seguridad Social.

Al igual que los "ilegales", cobran los salarios más bajos, desempeñan los trabajos más duros y no disfrutan de los derechos sociales que cualquier trabajador español.

Peor situación viven los inmigrantes ilegales que, según el estudio de la UGT, trabajan sobreexplotados, en condiciones de insalubridad y sin seguridad social y derecho a bajas médicas.

Las diferenias entre ambos trabajadores inmigrantes, legales o ilegales, se plantea a la hora de establecer el tipo de demandas, explica el estudio.

Así, para el "ilegal", su necesidad primaria es el "derecho al trabajo" que le permitirá legalizar su situación, mientras que para el "legal" sus reivindicaciones irán encaminadas a mejorar su situación laboral, de vivienda, sanitarias y sociales.

Oscar López añadió que en España no se podrán adoptar una política social de inmigración, que garantice la integracón de los extranjeros, hasta que no "se consiga una legalidad suficiente de los inmigrantes y una estabilidad en su puesto de trabajo".

El sociólogo criticó igualmente la filosofía de la Ley de Extranjería, basada en que la inmigración es eventual y que la pérdida del puesto de trabajo supone su entrada en la clandestinidad, que demuestra las coincidencias entre las aspiraciones de los empresarios y el Gobierno en fomentar la contratación temporal.

Esta situación dificulta la asociación y afiliacón a sindicatos de los inmigrantes legales, por lo general contratados temporalmente, ya que tienen miedo a perder su empleo, y por tanto, su permiso de residencia.

Por su parte, Inés Ayala, Secretaria Confederal de Acción Social de UGT, pidió al Gobierno que tras haberse cerrado el proceso de regularización, busque una fórmula lo más automática posible para facilitar la renovación de los permisos de trabajo de estos inmigrantes.

Ayala añadió que el mejor sistema de cooperación con los países de rigen de la inmigración "es legalizar a sus emigrantes", y que hasta que España no acepte la legalidad de los afectados, "no podrán ponerse en marcha políticas de integración válidas y efectivas".