Los representantes de los trabajadores, pertenecientes a los sindicatos CSI-CSIF, UGT, CCOO Y SIEP-GA, expresan su intención de "apoyar y defender a todos los empleados de la Diputación General de Cantabria que se hayan sentido agredidos de palabra u obra o recibido cualquier tipo de preión por parte de los responsables políticos del Gobierno de Cantabria".

Además de comprometerse a tomar las medidas oportunas ante cualquier denuncia que reciba, la Junta de Personal rechaza tajantemente todas las acusaciones vertidas contra funcionarios, "en un intento de desviación de la atención pública", y recuerda que "el único inculpado y procesado es el Gobierno de Cantabria".

La Junta de Personal rechaza además la amortización de plazas y denuncia el "incumplimiento sistemático de la legaidad" en relación con las ofertas públicas de empleo.

"Esta Junta de Personal", agrega la nota, "considera que la ausencia de directrices de todo tipo y la sensación de abandono que se percibe está conduciendo a una situación grave de descontento y frustración de los trabajadores, de la que los únicos responsables son los políticos".