Junto al paro, las secciones sindicales de UGT y CCOO preparan manifestaciones ante las sedes provinciales de Industria, para exigir a la empresa y al Gobierno que no den su visto bueno a una venta en la que no se ha tenido en cuenta el criterio de los trabajadores sobre planes industriales y de empleo, y en la que no se respetan los acuerdos legales que ya se tenían con ls sindicatos.

La huelga en Fesa-Enfersa concluirá con una manifestación en Madrid a la que los organizadores prevén llevar más de 6.000 personas en toda España. La movilización comenzará ante el Ministerio de Industria y discurrirá por el centro de la ciudad hasta la sede de la embajada de Kuwait y de Torras KIO, accionista de Ercros, en el Paseo de la Castellana.

La convocatoria se producirá 24 horas después del encuentro en Industria entre miembros de este departamento con representantes de la mpresa y de los sindicatos, y en la que sólo se decidió convocar la Comisión de Seguimiento y Control del Plan Industrial de Fesa-Enfersa, que no se reunía desde hacía un año.

Fuentes sindicales expresaron a Servimedia su preocupación "por el tono que están tomando los acontecimientos tras la oferta de compra de Fesa-Enfersa y Rio Tinto Minera realizada por Freeport MacMoran".

Los sindicatos mayoritarios del sector de fertilizantes creen que el Gobierno "está dispuesto a apoyar la oferta de Freeprt a pesar del rechazo sindical, con tal de quitarse de encima el problema de Fesa-Enfersa".

MARCHA ATRAS

Por su parte, las centrales aseguran que Ercros ha pedido al Gobierno y a los representantes sindicales la anulación de los acuerdos industriales que firmaron en 1990 y que exigían una inversión mínima de 27.000 millones de pesetas, de los que se han dejado de aportar 10.000 y faltan otros 10.500 hasta 1994.

Para las fuentes sindicales consultadas, esta petición revela el interés de Torras IO de "salirse de Fesa-Enfersa sin aportar un duro de lo prometido y dejando en la cuerda floja a miles de trabajadores".

La oferta de compra de Freeport comprende una inversión de entre 5.000 y 7.000 millones de pesetas en los próximos dos años, frente a los 25.000 que según las centrales deberían aportarse, el cierre de cinco fábricas del grupo y una reducción de plantilla global que podría afectar a unas 1.800 personas.