Este es uno de los objetivos de este organismo paritario, en el que están representados patronal y sindicatos, creado en abril del año pasado para dar respuestas a los problemas del sector.

La medida de implantar la antigüedad trata de evitar la situación actual en la construcción, donde muy pocos empleados disfrutan de este derecho, ya que la mayoría -a los que se les llama "pistoleros"- suele cambiar de empresa e cuanto termina una obra.

Según Alonso, implantar este derecho tendrá un coste cero para las constructoras en un primer momento, ya que los trabajadores con antigüedad la conservarán, pero se mantendrá en su nivel actual, mientras que para los que no la tienen empezará a contar a partir de 1996. Luego, serán las empresas las que financien la antigüedad de los trabajadores, si bien a las que tienen más trabajadores con contratos fijos y les pagan más se les devolverá dinero. También es posible que los mpleados contribuyan con una cuota.

Para Manuel Garnacho, secretario general de la Federación de la Construcción de UGT, esta medida es "un instrumento fundamental para eliminar las irregularidades del sector".

A ello también contribuirá el banco de datos que la Fundación va a crear con todas las constructoras, y el acuerdo firmado con la Seguridad Social para que ésta cobre las cuotas empresariales que financiarán la Fundación.

Asimismo, la Fundación Laboral de la Construcción se financia cn las aportaciones del Estado. En concreto, para la formación continua, uno de sus objetivos, con el 0,1 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social: 2.700 millones de pesetas este año.

También realizará 293 cursos de formación ocupacional, para lo que cuenta con un presupuesto de 793 millones de pesetas.