Según informaron las federaciones agrarias de UGT y CCOO, estos trabajadores, junto con las trabajadoras empleadas del hoga, son los únicos colectivos que carecen de un derecho tan elemental como es la protección por desempleo.

Los sindicatos exigen también, como estaba previsto en dichos acuerdos, que la incorporación se produzca sin recortar ni poner en cuestión el subsidio agrario que protege a los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura desde 1984. Opinan que en esas dos comunidades autónomas ambos sistemas tienen que convivir y los trabajadores deben poder optar entre acogerse a uno u otro.

Aimismo, las centrales sindicales exigen que se reforme el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS), con la finalidad de superar las discriminaciones que los trabajadores del campo sufren en materia de incapacidad temporal, pensiones, jubilación anticipada o cotización.

El encierro iniciado hoy es la última acción de la primera fase de movilizaciones que se inició el pasado 10 de mayo en sedes del INEM de distintas provincias. El encierro finalizará el próximo día 27, con el fin de no inerferir en la campaña electoral del 13 de junio.

Las centrales esperan que, una vez celebradas las elecciones municipales, autonómicas y europeas, el Gobierno convoque a los sindicatos y acceda a firmar "un acuerdo que haga justicia con 300.000 trabajadores del campo, a los que de nuevo se ha engañado y se han defraudado sus expectativas".

En caso contrario, los sindicatos amenazan con "volver a la carga" con movilizaciones más duras, entre las que no descartan una huelga general en el campo, par reivindicar "la dignidad de los hombres y mujeres que viven en este medio tan hostil".