Miembros del Comité de Empresa de Altdis en Sevilla y los secretarios de las secciones sindicales de UGT y CCOO en la fábrica andaluza fueron recibidos hoy en el Congreso de los Diputados por el ministro, Eduardo Zaplana, al que entregaron 120.000 firmas recogidas en la capital hispalense en contra del posible cierre de la fábrica de tabaco.

Los trabajadores pidieron a Zaplana que no se sigan adoptando medidas en contra del consumo de tabaco "si no se acompaña a esto medidas que compensen el impacto que causa en el empleo estas acciones n el sector tabaquero, agrícola y comercial".

En el informe presentado al ministro por el Comité de Empresa, los trabajadores aportan datos muy precisos de cómo el efecto de las campañas antitabaco no lo sufren las empresas, que siguen ofreciendo beneficios, sino que lo sufren los trabajadores que "pierden sus puestos de trabajo".

FAVORECER EL DIALOGO

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, se comprometió hoy a favorecer el dialogo entre los trabajadores y la dirección de Aladis para que lleguen a acuerdos que eviten el cierre de las fábricas de Sevilla, Tarragona y Cádiz, según manifestó hoy la presidenta del Comité de Empresa de Sevilla, Josefa Medrano.

Por su parte, Zaplana aseguró que estudiará los documentos que le han entregado los sindicatos y añadió que le parecen bien los procesos de diálogo y que cuanto más acuerdo se alcance en estos asuntos de regulaciones de empleo mejor.

La presidenta del Comité de Empresa explicó que el ministro les ha manifestado su ntención de "intentar que exista un dialogo, no se ha comprometido a nada más".

Los representantes sindicales señalaron que están dispuestos a sentarse a negociar con la dirección de Altadis pero con una condición, que la empresa no ponga sobre la mesa su Plan Industrial.

"Lo que pretendemos es que el Ministerio de Trabajo inste a la dirección de Altadis para que el Plan Industrial se retire, aunque el ministerio ha dicho que su papel no es la de intermediación", explicaron miembros del Comité. A juicio de los trabajadores, el Gobierno, aunque no medie, tendrá que explicar cómo una empresa en la que aún tiene participación el Estado y que ha conseguido 70.000 millones de beneficios anuncia cierres de fábricas y despidos de casi 800 empleados.