Las trabajadoras se concentraron este viernes frente al Palacio de Cibeles y aseguraron que los datos que da el alcalde sobre el servicio "no son correctos" y que actualmente "toda la red ambulatoria" dedicada a atender a las víctimas de violencia machista en la capital "está colapsada". Denunciaron también que la espera entre citas es "de un mes" lo que impide " la intervención terapéutica de las mujeres".

Asimismo, explicaron que lo que quieren es "trabajar" y poder llevar a cabo el servicio correctamente. "Lo único que pedimos es que podamos trabajar y que podamos de verdad atender a aquellas mujeres que lo necesitan", señaló una de las manifestantes. Añadió que actualmente son 180 personas en plantilla frente a cerca de 3.000 mujeres atendidas, según los datos de octubre, ya que los actuales no han salido todavía.

"Queremos que la plantilla aumente, queremos que haya un servicio que atienda la emergencia, que la atienda de verdad. Si es que solamente podemos pedir trabajar con las mujeres. Es por ellas, es por sus hijos, por sus hijas, por nosotras y es por todas", remataba otra de ellas.

RESPONSABILIDADES

En cuanto a las negociaciones con el Consistorio, relataron que desde la administración desviaron culpas hacia la empresa concesionaria del servicio, mientras que la empresa devolvía la responsabilidad al Ayuntamiento, un hecho que, según las trabajadoras, "supone una dificultad a la hora de que alguien se haga responsable de la situación".

Por ello, quieren llegar más allá y tratar el tema "directamente con Almeida", o con "el concejal que lo lleve" porque son quienes "pueden tomar decisiones" y porque creen que los datos con los que cuentan son "erróneos".

La concejala de Más Madrid Lucía Lois acudió a la protesta y declaró que la "responsabilidad política" es del Ayuntamiento y avanzó que en el próximo Pleno preguntarán por las iniciativas que se aprobaron en esta materia y sobre cómo se están aplicando. Por otra parte, la concejala socialista Soledad Murillo también acudió a apoyar la huelga y puso en valor que las manifestantes "que no son funcionarias" pongan "en riesgo su trabajo" para "luchar contra la violencia".