El secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, se comprometió en una jornada de reflexión sobre este colectivo a impulsar un "decreto normativo este mismo año" que apueste por la regulación de los trabajadores del hogar dentro del Régimen General de la Seguridad Social y no de uno especial, como ocurre actualmente.

Por su parte, la secretaria de Estado de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, subrayó la importancia de la jornada y de la correcta regulación laboral de las empleadas de hogar, ya que, aseguró, de su labor "nos vemos beneficiados todos", por lo que se puso a disposición de la plataforma y de Cáritas, que colabora también en la organización de este encuentro.

Concretamente, las empleadas de hogar piden que se derogue el real decreto que regula su situación laboral desde 1985 por considerarlo "obsoleto" y que se sustituya por una ley que equipare los derechos laborales de este colectivo con los del resto de trabajadores, según explicó en la jornada de reflexión celebrada en Madrid Isabel Otxoa, miembro de la citada plataforma de asociaciones.

LO QUE HAY Y LO QUE PIDEN

El decreto actual no obliga a los empleadores a contratar los servicios de una trabajadora de hogar mediante la formalización de un contrato laboral por escrito, algo que sí ocurre, por ejemplo, en Francia y en Italia, donde este contrato recoge, además, la jornada laboral de las empleadas.

Del mismo modo, el texto regulador vigente estipula en trece el número de pagas para estos trabajadores, quienes piden que la ley que lo derogue establezca la obligatoriedad de pagarles doce mensualidades y dos pagas extraordinarias del salario mínimo.

A este respecto, Francia e Italia que tienen regulada la situación de estos trabajadores mediante convenios colectivos, pagan doce y trece mensualidades, respectivamente, cuyas cuantías varían según la categoría de las trabajadoras, que en el caso de las francesas pueden ser hasta seis y en el de las italianas, cuatro.

En este sentido, las trabajadoras del hogar españolas no hablan de categorías laborales como tal, pero sí piden que haya diferentes salarios, en función de las actividades que desempeñe cada trabajadora.

Debe haber diferentes salarios, dependiendo de la dedicación, porque "no es lo mismo cuidar a alguien que tiene alzheimer que planchar camisas", aseguró Otxoa.

El secretario de Estado para la Seguridad Social indicó en su intervención que el Gobierno quiere apostar también por un modelo de contratación donde los empleadores no sean los titulares del domicilio en el que va a trabajar la empleada, sino fundaciones, ONG o empresas dedicadas a este fin.

Aseguró en este sentido que esta fórmula de contratación no será más cara que la actual, en caso de que persistan las dos.

Granado reconoció también que es muy difícil controlar la actividad del trabajo doméstico contratado y señaló que más o menos las tres cuartas partes de las empleadas que lo desempeñan actualmente en España no están reguladas. Se calcula, añadió, que actualmente trabajan en este campo unas 650.000 o 700.000 mujeres, muchas de ellas, extranjeras.

En la normativa que se plantea el Ejecutivo, finalizó, se está pensando también en configurar un estatuto mínimo para los cuidadores de personas dependientes, que recogerá la necesidad de formación para estos empleados.