Así lo denunció este jueves la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en un comunicado emitido con motivo del 17 aniversario de la aprobación, el 14 de diciembre de 1996, de la Ley 19/1996 de Atención a la dependencia y de promoción de la autonomía personal y en el que consideró que, “a pesar del avance que ha supuesto, una de las políticas de Estado de mayor consenso, sus limitaciones de financiación y la complejidad de los procedimientos en algunas comunidades hacen que su potencial siga sin desarrollar”.

En este contexto, puntualizó que 1.563.108 personas tienen reconocida actualmente en España su situación de dependencia y otras 124.326 están “pendientes” de valoración, lo que supone que el 3,3% de la población española necesita “apoyos de mayor o menor intensidad para las actividades básicas de la vida diaria”.

A su vez, subrayó que, de las 45.360 personas que fallecen cada año en España en las listas de espera de la dependencia, 19.661 mueren “pendientes” de resolución de grado y 25.699, “sin haber podido ejercer sus derechos”.

“Esto supone que 124 personas fallecen al día en las listas de espera de la dependencia, una cada 12 minutos”, advirtió, al tiempo que insistió en que 162.411 se encuentran “en el limbo” de la dependencia en diciembre de 2023.

Tras señalar que, durante este año, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha descendido en 15.019 personas, calculó que, a este ritmo “se tardarían once años en lograr la plena atención”.

Asimismo, resaltó que 310.429 es el total de personas “desatendidas”, sumando las que están en el “limbo”, las pendientes de valoración (124.326 expedientes) y aquellas con un Plan de Atención aprobado pero que “aún no es efectivo” (23.692).

Por lo que se refiere al tiempo medio de tramitación de un expediente de la dependencia, explicó que son 323 días, aunque en Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia se “superan” los doce meses.

Asimismo, cifró en 6.321 millones de euros el “recorte acumulado” tras el Real Decreto-Ley 20/2012 por parte de la Administración General del Estado, considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras familiares, si bien valoró que “en 2021 finalizaron estos recortes”.

En paralelo, explicó que la financiación a la dependencia se “redujo” el año pasado en 98 millones de euros en Castilla La Mancha, Cataluña, Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Murcia, que, a su juicio, “hicieron caja con el incremento presupuestario que realizó la Administración General del Estado”, mientras la inversión pública en atención a la dependencia fue de 10.234 millones, con una “acusada desigualdad” territorial en cuanto a financiación.

De este modo, las regiones que más invierten en dependencia por persona “potencialmente dependiente” y año son País Vasco (2.329 euros), Extremadura (1.706 euros) y Navarra (1.701 euros), mientras “a la cola” continúan Canarias (801 euros) y Galicia (615 euros).

Según sus estimaciones, un 26% es lo que supone la aportación estatal en la financiación pública de la atención a la dependencia, habiendo incrementado esta financiación un 33% respecto al año anterior, aunque, denunció, “aún está lejos del pretendido 50%”.

En este punto, también valoró que 3.644 millones de euros es el incremento acumulado en los tres últimos años en la aportación estatal a la financiación de la atención a la dependencia, en el llamado Plan de Choque, que, según la asociación, “supone una nueva fase de recuperación del sistema”.

Junto a ello, indicó que el 60% es el porcentaje de personas atendidas en sus domicilios que no cuentan con teleasistencia, a pesar de que el Plan de Choque “marcó el objetivo de establecer este servicio como un derecho subjetivo del que se beneficiará toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio.

Así las cosas, la asociación también criticó que el Gobierno “sigue incumpliendo” la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, e “imposibilitando” con ello que los asuntos judicializados en materia de dependencia “pasen al orden de lo social”.

“Las personas dependientes y sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en la jurisdicción contencioso-administrativa, que es lenta, costosa, farragosa y nada garantista”, apostilló.

Por todo ello, urgió al Ejecutivo y a los gobiernos autonómicos a acometer reformas que “agilicen los trámites”. “Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento”, agregó la asociación, convencida de la necesidad de “avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones”.