Los afectados (117.777 varones y 16.419 mujeres) fueron un 15 por ciento menos que en el mismo periodo de 1991, aunque los expedientes autorizados incluyeron a 67 empresas más y sí crecieron en el caso de los de extinción de la relación laboral.

Concretamente, estos expdientes supusieron el despido de 40.311 trabajadores, frente a los 28.959 del primer semestre del 91, mientras que los de suspensión temporal del contrato afectaron a 85.118 personas y los de reducción de la jornada habitual de trabajo a otros 8.767.

El sector más duramente golpeado por la crisis fue el industrial, en el que trabajaban 107.828 de los trabajadores afectados por regulaciones de empleo, seguido de los servicios, con 12.261; el agrario, con 11.238, y la construcción, con 2.869.

Un anlisis más pormenorizado por ramas de actividad revela que el mayor número de regulados se concentró en la construcción naval, con 20.650 regulados, y las industrias metálicas, que sometieron a regulación a 19.438 empleados.

También destacan las empresas pesqueras, con 10.820 regulados, y las compañías automovilísticas, con otros 7.294, si bien en este último caso presentan una clara mejoría frente a los 16.992 del año pasado, gracias al incremento de las ventas de coches.

El peso de las crisis inustriales recayó en mayor parte sobre las pequeñas y medianas empresas, ya que en las mayores de 500 empleados se vieron inmersos en regulaciones 50.448, el 37 por ciento del total.

LAS RAZONES ALEGADAS

Las causas más frecuentemente alegadas para justificar la presentación de los expedientes fueron los problemas de financiación, la restricción de la demanda y la aplicación de medidas económicas extraordinarias o planes de reconversión para sacar adelante las empresas.

Los casos de quiebra, suspnsión de pagos o paralización de la actividad por deudas motivaron la presentación de 232 expedientes, que afectaron a 5.149 trabajadores, casi 1.500 más que en el mismo periodo del 91.

Por comunidades autónomas, la situación más delicada es la del País Vasco, con 34.341 empleados sometidos a regulación, después de incrementarse en unos quinientos el primer semestre. También empeoraron Andalucía, que totalizó 15.512 regulados; Asturias, con 11.131; Valencia, con 10.523 y Murcia, con 2.986.

En lasdemás comunidades disminuyó el número de regulados, aunque se mantuvo en cifras muy elevadas tanto en Cataluña (16.155) como en Madrid (12.702), Galicia (10.108) y Castilla y León (6.516).

El resto correspondieron a Aragón (2.471), Baleares (955), Canarias (1.419), Castila La Mancha (1.880), Extremadura (824), Navarra (2.327), La Rioja (604) y Ceuta y Melilla (111).

De los expedientes autorizados en el primer semestre del año, la mayoría fueron previamente pactados entre la empresa y los represenantes de los trabajadores, concretamente 4.976 de los 6.133 finalmente aprobados.