"Desgraciadamente es en materia de lucha antiterrorista donde en los países democráticos hay que ser especialmente vigilantes con la actuación de los aparatos del Estado", señaló Sáez en relación a la investigación del CPT, organismo dependiente del Consejo de Europa.

El presidente de la APDH de España indicó que existen preceptos que pueden dar lugar indirectamente a torturas a detenidos, "porque las propias previsiones legales que permiten la prórroga de las detenciones determinan una ayor posibilidad de intervención policial sin control judicial".

Ramón Sáez defendió como "correcta" la actuación de Margarita Robles, secretaria de Estado de Interior, al ordenar en junio de 1994 la apertura de diligencias informativas para investigar las denuncias sobre posibles torturas, que fue criticada desde varios sectores.

"Las críticas que se pueden hacer seguramente son corporativas, porque la decisión de investigar deber ser inmediata y contundente por parte de la Administración y, sobe todo, del Poder Judicial", dijo Ramón Sáez.