La organización defensora de los derechos humanos denunció que la tortura es una práctica generalizada en ese país asiático, que los altos cargos estatales "a menudo dan luz verde a la tortura y que los agentes de policía encubren sistemáticamente las muertes por tortura y sobornan o amenazan a los testigos".

"ElGobierno afirma que basta por sí solo el sistema jurídico, la prensa libre y las organizaciones de defensa de las libertades civiles para atajar las violaciones de derechos humanos. No es así", aseguró AI.

La organización señala en su informe que "en primer lugar, el Gobierno debe hacer frente a la realidad de la tortura, adoptar medidas para acabar con ella y mostrar la determinación política para que funcionen estas medidas".

Amnistía Internacional asegura que los casos de tortura, violación y uerte bajo custodia podrían haber disminuido si los sucesivos gobiernos hubieran aplicado las recomendaciones elaboradas por la Comisión Nacional de Policía entre 1979 y 1981.

AI considera que, si bien el problema de la tortura abarca toda la India, en las zonas donde actúan grupos armados de insurrectos la situación es peor debido a las leyes especiales, que conceden a las fuerzas de seguridad inmunidad procesal.

LICENCIA PARA MATAR

La organización defensora de los derechos humanos informó que en opinión de muchas personas, estas prerrogativas constituyen "una licencia para matar y torturar".

Casi todas las víctimas, entre las que figuran mujeres embarazadas y niños de 6 años, proceden de los grupos más pobres de los diferentes Estados: miembros de las castas y tribus clasificadas, trabajadores del campo sin tierras y trabajadores inmigrantes.

Amnistía asegura que son raros los casos de investigación independiente de denuncias de torturas. "Cuando la investigación se lleva a cabo, la olicía suele obstaculizarla falsificando los ficheros y culpando a terceros. Incluso los magistrados y los médicos han ayudado a la policía a encubrir sus crímenes y han ignorado las pruebas o han registrado un motivo de fallecimiento diferente", afirma AI.

La organización internacional señaló que "sólo en 3 de los más de 400 casos de muerte bajo custodia que hemos documentado en nuestro informe se ha declarado culpable a un agente de policía".

"La tortura y las muertes continúan porque la policí sabe que no hay apenas posibilidades de que el largo brazo de la ley les alcance, incluso en el caso de que maten a su víctima y se dé a conocer la verdad", denuncia Amnistía Internacional.

Como parte de su campaña para poner fin a estos abusos, AI ha enviado su informe y su programa de 10 puntos para acabar con la tortura a algunas de las 5.000 personas que hacen frente a estas violaciones directamente, como políticos, jueces, activistas de derechos humanos y agentes de policía, entre otros.