Respecto a los funcionarios, en el informe de 1992 había 275 implicados, mientras que la memoria de 1993 aparecen 448 relacionados con esas práctcas, un 62,9% más que el año anterior (teniendo en cuenta aquellos cuyos casos de acumulan de un año a otro). Su situación penal varía desde los 128 ya condenados, 120 absueltos, y los 200 restantes pendientes de juicio.

Los hechos que se recogen en la memoria hacen referencia a detenidos por supuesta pertenencia a banda armada, detenidos en movilizaciones, inmigrantes (sudamericanos o africanos), personas golpeadas por policías municipales en discusiones por accidentes de tráfico. Todos estos suponentres cuartas partes de los casos.

Por último, hay una cuarta parte de denuncias que no se pueden encuadrar en ninguno de los supuestos anteriores. Afecta a aquellas personas que median en un conflicto entre terceros y la Policía, y son apaleados, "o gente que acude a Comisaría y son también apaleados porque sí", asegura la fuente consultada.