La intención de orres es facilitar a la opinión pública, lo antes posible, la información sobre el modo de actuar de la fiscalía malacitana, que ha solicitado 800 años de cárcel para las treinta personas encausadas en el sumario abierto por el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga por supuestos delitos de aborto.

"En asuntos de especial relevancia, como es este, que provocan el interés de la opinión pública", matizó Leopoldo Torres en la rueda de prensa que ofreció hoy en Madrid, "debe facilitarse toda la informción que justifique la actuación del acusador público ante la Administración de Justicia".

La Fiscalía General del Estado, guiada por el "principio de unidad de actuación", según señaló Torres, adoptará las medidas que crea oportunas, una vez estudiados los antecedentes del caso, dentro del marco competencial que le confiere el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Así, no se descarta que el fiscal general del Estado pudiera emitir, en las próximas fechas, una contraorden para paralizar el procedimient iniciado por la Audiencia Provincial de Málaga, que ya ha comenzado a remitir a los encausados las comunicaciones de procesamiento.

Además de Germán Sáenz de Santamaría, para quien se piden 96 años de cárcel, el sumario incluye a los médicos Alberto Stolzembur y Ernesto Rittwagen, el estudiante de medicina Valero Enfedaque, otros cuatro empleados de la clínica y 23 pacientes.