La pasada semana los grupos Popular y de Vox en las Cortes de Castilla y León elevaron a rango de ley la Concordia, cuyo contenido sustituirá al Decreto de memoria histórica y democrática aprobado en 2018 por el último Gobierno de Juan Vicente Herrera, con el objetivo de “honrar y proteger” a todas las víctimas de persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales entre 1931 y 1978.

Después de registrar la proposición de ley de Concordia de Castilla y León, los portavoces de PP y Vox, Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, explicaron en rueda de prensa el contenido de un texto con el que se cumple un apartado del acuerdo de gobierno firmado hace dos años por ambos partidos, que posibilitó la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, y que esperan que esté aprobado por las Cortes en este periodo de sesiones que se cierra a finales de junio.

En esa ley, se incluirán hecho sucedidos entre 1931 (Segunda República) y 1978 (aprobación de la Constitución). Según los populares no se trata de equiparar a las víctimas de ambos regímenes, sino de rechazar cualquier vulneración de los Derechos Humanos con independencia de “quién, cuándo y dónde”. Por su parte, el portavoz de Vox manifestó que existe una “interrelación historiográfica” entre los dos periodos.

La norma establece la creación Comisión de Exhumaciones que tendrá un carácter resolutivo de los expedientes con criterios técnicos, que sustituirá al anterior Consejo Técnico como responsable de decidir sobre esas actuaciones. Esta entidad no tendrá representación de las asociaciones de recuperación de la memoria.

En su exposición de motivos, la ley recoge que “nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo” y que “tampoco se ha dado entre los historiadores”.

La presentación de esta norma cierra uno de los puntos más polémicos del acuerdo de PP-Vox de marzo de 2022, para el que se marcó el compromiso de iniciar su tramitación “antes del 30 de junio” de ese año.

Esta norma ha provocado intensas críticas de las organizaciones memorialistas y del Gobierno central que, previsiblemente, anunciará medidas para evitar que las normas autonómicas puedan suponer una derogación ‘de facto’ de la Ley de Memoria Democrática estatal.