Así consta en el escrito de acusación presentado hoy por la Fiscalía Especial Anticorrupción, en el que se solicita además una penas de prisión de 4 años y dos meses para el diplomático Manuel PradoColón de Carvajal, por sus responsabilidades en los movimientos financieros relacionados con la operación Wardbase.

En su escrito de acusación, el fiscal Salvador Viada acusa a un total de 10 personas que ocupaban diversos cargos en el Grupo Torras en España.

Así, el fiscal anticorrupción acusa en la operación Wardbase a Javier de la Rosa y a Jorge Núñez Lasso de la Vega, ex responsables del Grupo Torras en España, así como al diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal.

En la operación Ica-Inpacsa, el fiscal acusa a De la Rosa y Núñez Lasso de la Vega, así como los siguientes ex cargos directivos del Grupo Torras en España: Juan José Folchi, asesor jurídico; Plinio Coll, asesor de auditoría; Richard Robinson, Manuel Guasch y José María Sot Casas, consejeros; Miguel Soler, director de administración; y Michael Smurfit, presidente del grupo irlandés del mismo nombre. Por los hechos de la pieza relativa a la sociedad Croesus, el Ministerio Público hace responsables al financiero catalán y a Sler Casas.

El fiscal considera que De la Rosa es responsable de tres delitos de falsedad (dos de ellos continuados), otros tres de apropiación indebida y uno de maquinación para alterar el precio de las cosas, por lo que solicita un total de 38 años y una multa de 8 millones de pesetas.

Javier de la Rosa lleva en prisión desde el 15 de octubre del año pasado, al no hacer efectiva la fianza de 5.000 millones de pesetas fijada por la juez Teresa Palacios, quien le imputa un presunto delito de apropación indebida de hasta 30.000 millones de pesetas, procedentes de las empresas kuwaitíes de las que era el máximo responsable en España.

29 AÑOS PARA EL CONSEJERO DELEGADO

El fiscal también acusa a Jorge Núñez, consejero delegado del Grupo Torras y presidente de Torraspapel, de dos delitos de falsedad (uno de ellos continuado), dos de apropiación indebida y uno de maquinación para alterar el precio de las cosas, por lo que solicita para él un total de 29 años y dos meses de prisión, así como una muta de 7 millones de pesetas.

Viada acusa también de apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad continuada a Guasch, Robinson, Coll y Folchi, por lo que pide un total de 17 años de prisión cada uno de ellos, excepto para el ex asesor jurídico de Torras, para quien solicita un total de 12 años de prisión. Además, exige que cada uno de ellos pague una multa de 6 millones de pesetas.

Para el resto de los acusados en la operación Icsa-Impacsa, el fiscal pide 6 año y un día de cárcel para Michael Smurfit, así como 2 años y cuatro meses y multa de un millón de pesetas tanto para Sot Casas como para Soler Sala, para quien pide además otros cuatro años y multa de un millón de pesetas por un delito de falsedad presuntamente cometido en la operación Croesus.

WARDBASE

Esta operación consistió en el supuesto pago, ordenado por De la Rosa y presuntamente relizado a través de la sociedad Wardbase, de 1900 millones de pesetas al empresario Manuel Prado y Colón de Carvaal, tras la compra de una empresa belga por parte del Grupo Torras.

En 1988, el Grupo Torras compró, mediante ampliación de capital, la sociedad belga Celulosa de las Ardenas, con el compromiso de construir una fábrica de papel que entró a funcionar en 1992.

Sin embargo, un año después de esta operación, hubo un desvío de 20 millones de dólares (unos 1.900 millones de pesetas) procedentes del Grupo Torras, perteneciente a KIO, hacia el empresario Prado y Colón de Carvajal.

ICSA-INPACSA

Est operación comenzó con en 1987, cuando el Grupo Torras vendió en 1987 la sociedad Icsa a Inpacsa por valor de 1900 millones de pesetas, precio muy inferior a su valor.

Simultáneamente, el Grupo Torras vendió en Bolsa un 45% de Inpacsa, lo que tuvo una gran aceptación en el mercado de valores, dado que Icsa tenía un valor real muy superior a la cantidad que Inpacasa pagó por ella.

En abril de 1988, el Consejo de Administración de Inpacsa acordó la venta a la sociedad Croesus de Icsa por 4200 milloes de pesetas, un precio inferior a su valor real pero superior a aquel que pagó un año antes la compañía.

Paralelamente, los administradores de Inpacsa iniciaron un proceso de subasta interno de Icsa, con la finalidad de lucrarse con la reventa deesta compañía papelera. La diferencia final entre los 4.200 millones de pesetas que pagó Croesus y los 12.000 que obtuvieron finalmente fue desviada a las cuentas corrientes particulares de los imputados o de personas que mantienen relación de parentesco conellos.

CROESUS

Esta operación se remonta al 1 de junio de 1988, cuando una sociedad de KIO trasfiere en favor de varias personas la cantidad de 27,4 millones de dólares. En el mes de septiembre de 1989 se finge un préstamo de Torras Hostench London a la sociedad Croesus por importe de 25 millones de dólares, dinero que en realidad se envió a otra parte.

Coresus nunca devolvió el préstamo y el Grupo Torras acabó asumiendo su importe sin obtener contraprestación alguna a cambio de dicho desembols, en una época en la que cotizaba en Bolsa y tenía un importante número de accionistas minoritarios ajenos a esta operación.